La Abogacía General de la Unión (AGU) y el Ministerio de Transparencia y Contraloría General de la Unión firmaron el lunes (9) un acuerdo de lenidad con la constructora Odebrecht por desviación de recursos federales y de empresas estatales.
El acuerdo es confidencial y prevé que unos US$ 700 millones serán pagados a la Unión a lo largo de 22 años. Los valores serán reajustados por la inflación y podrán llegar a los US$ 1.700 millones hasta el final del plazo, según estimaciones de los órganos gubernamentales.
El acuerdo de lenidad se firma con la persona jurídica que cometió acto ilícito contra la administración pública pero se dispone a colaborar en las investigaciones. La primera cuota, de unos US$ 15,5 millones, se pagó el lunes (9) y el valor debe aumentar hasta llegar a unos US$ 41 millones anuales en 2039.
Para establecer el valor, se tomaron en consideración 49 contratos de Odebrecht que involucraban al poder público – en 38 de ellos había algún tipo de fraude para garantizar su ejecución y en los demás se constató el pago de sobornos. El acuerdo se refiere solo a contratos que involucran la esfera federal, es decir, estados y municipios no entraron en esa cuenta.
Del total a ser pagado, unos US$ 232 millones corresponden a sobornos involucrando a 150 agentes públicos – funcionarios y políticos –, US$ 336 millones se refieren a ganancias en contratos que implican soborno, y unos US$ 114 millones se deben a multas.
Procesos extinguidos
La abogada general de la Unión, Grace Mendonça, afirmó que los procesos presentados por la AGU contra Odebrecht se extinguirán, pero las investigaciones relacionadas con las otras empresas involucradas siguen en curso. “Las acciones por los mismos hechos incluidos en el acuerdo de lenidad entran en una línea de extinción. Se finalizarán los procesos judiciales y se terminará el impedimento de participación de la empresa en licitaciones”, afirmó Mendonça.
Petrobras, una de las estatales perjudicadas por acuerdos firmados con Odebrecht y revelados por las investigaciones de la Policía Federal, volvió a incluir la empresa en su registro de proveedores.
El acuerdo de lenidad será remitido al Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) con la condición de que la Corte se comprometa a no castigar la empresa con base en las informaciones contenidas en él, informó el ministro de Transparencia, Fiscalización y Contraloría General de la Unión, Wagner Rosário.
Postar um comentário