La jueza Carolina Lebbos, de Curitiba, determinó que el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva pague lo equivalente a unos US$ 7,4 millones de multa, reparación de daños y costas procesales como consecuencia de la acción en que fue condenado, respecto a un piso tríplex en Guarujá, São Paulo. Según la Justicia, Lula habría recibido el inmueble como parte de soborno de la empresa OAS a cambio de favorecimiento en contratos con Petrobras.
Lebbos concedió 15 días para que el expresidente proponga pagarlo en cuotas si lo desea. La reparación de daños equivale a unos US$ 7,1 millones, la multa a unos US$ 310,8 mil, y las costas procesales a unos US$ 23,75.
El impago resultará en la inclusión del nombre de Lula en la deuda activa de la Unión (por la multa y las costas procesales) e impedimento de progresión en su régimen de prisión (por la reparación de daños).
Gleisi Hoffmann
En la misma decisión, la jueza prohibió a la senadora y presidenta del Partido de los Trabajadores (PT), Gleisi Hoffmann, de actuar como abogada de Lula. Ella fue listada como representante del exmandatario en la Justicia, pero la Fiscalía pidió que fuera impedida porque interpretó como un intento de burlar las reglas de la prisión.
Lebbos citó la ley que regula el estatuto de la abogacía e impide que miembros del Poder Legislativo aboguen contra o a favor de “personas jurídicas de derecho público, empresas públicas, sociedades de economía mixta, fundaciones públicas, entidades paraestatales, empresas concesionarias o permisionarias de servicio público”.
Una vez que Petrobras, empresa estatal, figura como parte en el proceso desencadenado por la Operación Autolavado, la jueza aplicó el impedimento a Gleisi Hoffmann.
Respecto a la petición de Lula para que se garantice su derecho a votar en las próximas elecciones, Lebbos dijo haberla encaminado a la Justicia Electoral, que deberá responder sobre la viabilidad.
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