La universalización del saneamiento básico en Brasil generaría una economía anual de US$ 373 millones en recursos gastados en el área de salud para tratar enfermedades provenientes del suministro de agua sin calidad y de la falta de alcantarillado. La información fue proporcionada por el panorama del sector de saneamiento, presentado la semana pasada en el 7.º Encuentro Nacional de las Aguas, en São Paulo.
De acuerdo con el levantamiento, de los 5.570 municipios brasileños, solo 1,6 mil tienen al menos una estación de tratamiento de aguas residuales. Son aproximadamente 100 millones de personas sin acceso a ese servicio y más de 35 millones sin recibir agua potable.
Según los datos, el sector tendría que invertir un promedio anual de US$ 4 mil millones en abastecimiento de agua y tratamiento de aguas residuales en los próximos 20 años para alcanzar la meta de universalización del saneamiento básico en 2033, plazo establecido en el Plan Nacional de Saneamiento Básico (PNSB).
“Desde 2013, las inversiones en agua y alcantarillado en Brasil no alcanzan el monto previsto en el plan para alcanzar la meta. De 2014 a 2016, la inversión en el sector disminuyó en promedio un 9% al año. Si la situación sigue siendo la misma, no hay perspectivas para garantizar la inclusión de los brasileños que aún no tienen acceso a esos servicios”, dijo el presidente del Sindicato Nacional de las Concesionarias Privadas de Servicios Públicos de Agua y Alcantarillado (Sindcon), Alexandre Lopes.
Nueva ley
En vigor desde el inicio de julio, la medida provisional que actualiza el marco legal del saneamiento básico en Brasil continúa generando debate entre los representantes de empresas privadas de saneamiento, del gobierno y de entidades vinculadas a las empresas públicas del sector.
Uno de los temores de las empresas públicas es que, con el nuevo marco regulatorio, las privadas se queden solo con las ciudades más rentables y no se interesen por los municipios más pobres, alejados de los grandes centros.
El presidente de la Asociación de las Empresas de Saneamiento Básico de los Estados (Aesbe), Roberto Tavares, destacó que no está en contra del aumento de la participación privada, pero que eso debe hacerse de forma organizada y en asociación con las empresas públicas.
“Somos extremadamente favorables a la entrada del sector privado, pero con economía de escala, y de preferencia en asociación con las empresas de los estados. Tenemos habilidades que el sector privado va a tomar más tiempo para adquirir, por ejemplo. Tenemos la capacidad de negociar con alcaldes y cámaras de concejales”, dijo Tavares.
Realidad
Martha Seillier, jefe de la Asesoría Especial de la Casa Civil y una de las responsables de la elaboración del texto de la medida provisional, sostuvo que la ley actual no tiene por objetivo privatizar el sector de saneamiento, tampoco quitar la competencia de las alcaldías, sino ampliar la competición entre las empresas públicas y privadas, manteniendo una fuerte regulación por parte de la Agencia Nacional de Aguas (ANA).
Según ella, la ley en vigor es el reconocimiento de que la realidad de universalización en Brasil sin el apoyo, sin un incremento de esfuerzos provenientes de la iniciativa privada, dificulta y mucho la tarea como un todo. “Hay espacio de sobra para que la iniciativa privada entre en Brasil, principalmente en esa área del saneamiento, y contribuya con la universalización en la prestación de servicios”, dijo.
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