El ministro juez Luiz Fux, del Supremo Tribunal Federal, determinó el jueves (13) la prisión del italiano Cesare Battisti, condenado a cadena perpetua en su país. La medida puede facilitar la decisión del presidente electo, Jair Bolsonaro, de “hacer todo lo que sea legal” para extraditarlo a Italia.
Battisti fue condenado por cuatro homicidios en la década de 1970, de los cuales se declara inocente, cometidos cuando integraba al Proletariados Armados por el Comunismo, brazo de las Brigadas Rojas. Él llegó a Brasil en 2004, donde fue arrestado tres años después.
El gobierno italiano pidió la extradición de Battisti y, en 2009, la Corte Suprema la autorizó en una decisión no vinculante que daba la palabra final al entonces presidente Lula, que la rechazó en 2010, en el último día de su segundo mandato.
En octubre del año pasado, el italiano fue nuevamente detenido en la ciudad de Corumbá, en Mato Grosso do Sul, cerca de la frontera de Brasil con Bolivia. Según la Policía Federal de Carreteras, él habría intentado salir del país con cerca de R$ 25 mil en moneda extranjera, el equivalente hoy a unos US$ 6,4 mil. Según la legislación, valores superiores a R$ 10 mil (unos US$ 2,5 mil) tienen que ser declarados o se lo considera crimen de evasión de divisas. La detención de Battisti fue sustituida por medidas cautelares.
Aún el año pasado, en medio de informaciones de que el presidente Michel Temer había abierto un proceso administrativo para revisar la negativa de extradición de Battisti, la defensa del italiano pidió a la Corte que afirmara la imposibilidad de hacerlo.
En noviembre de este año, la fiscal general de la República, Raquel Dodge, requirió al Supremo que dé preferencia al juicio de la posible extradición. Según Dodge, la prisión es necesaria para evitar el riesgo de fuga de Battisti y asegurar la extradición. Battisti reafirmó que confía en las instituciones democráticas de Brasil y negó que tenga intención de huir de San Pablo, donde vive.
La jueza también sostuvo que la decisión del expresidente Lula puede ser revisada, pero que la entrega de extranjeros es tarea exclusiva y discrecional del presidente de la República y no puede sufrir interferencia del Poder Judicial.
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