El diputado Marcelo Ramos, presidente de la comisión especial para reforma de la Seguridad Social, se reunirá con líderes de partidos este martes (30) para definir el calendario de trabajos del grupo. Instaurada la semana pasada, la comisión tendrá la primera reunión ordinaria el 7 de mayo.
Marcelo Ramos se reunirá con el relator de la Propuesta de Enmienda a la Constitución, el diputado Samuel Moreira; el vicepresidente de la comisión, diputado Silvio Costa Filho;, y los líderes de los partidos que la componen. En una semana con pocas actividades legislativas a causa del feriado del 1 de mayo, Ramos debe definir el cronograma de trabajos, que incluyen reuniones de audiencia pública con autoridades y expertos, además de las fechas probables de discusión y votación de la propuesta.
Entre los temas polémicos, Ramos puede decidir si la propuesta va a ser segmentada en sub-relatorías. En una entrevista con el programa Revista Brasil, de la Radio Nacional, el parlamentario argumentó que algunos puntos del texto enviado por el gobierno federal son “casi mortinatos”. Según él, los partidos del centro son contrarios a cambios en las reglas del Beneficio de Prestación Continuada (BPC), de la jubilación rural, y a la creación de un régimen de capitalización. En la evaluación de Ramos, esos tres ítems “no tienen ninguna condición política de ser aprobados”.
“El aumento de la edad mínima de las profesoras en diez años sin ninguna regla de transición es también un cambio muy duro que necesita ser revisado. Y lo que será objeto de mucha controversia: si son aprobadas las reglas para el régimen propio de los funcionarios federales, serán de aplicación inmediata para los funcionarios de estados y municipios”, afirmó.
El diputado también cree que habrá enmiendas para disminuir las edades mínimas de jubilación previstas en el proyecto del gobierno federal: 65 años para hombres y 62 años para mujeres. Según Ramos, el desafío de la comisión será encontrar una medida que atienda al ajuste fiscal de las cuentas públicas sin perjudicar a las personas de menores ingresos.
Acuerdo
Para hacer viable que la propuesta fuera aprobada en la Comisión de Constitución y Justicia (CCJ), el relator de la medida en la comisión, diputado Marcelo Freitas, necesitó suprimir cuatro puntos: el primero es el fin del pago de la multa de 40% del Fondo de Garantía del Tiempo de Servicio (FGTS) y la extinción del pago de cuotas por parte del trabajador ya retirado que vuelva al mercado de trabajo.
El segundo ítem es la concentración, en la Justicia Federal en Brasilia, de acciones judiciales contra la reforma de la Seguridad Social. Los demás puntos son la exclusividad del Poder Ejecutivo de proponer cambios en la reforma y la posibilidad de que la edad de jubilación obligatoria de los funcionarios, actualmente a los 75 años, sea alterada por ley complementaria en lugar de ser definida por la Constitución, como hoy en día.
Trámite
La comisión especial estará compuesta por 49 miembros y 49 suplentes de 25 partidos con representación en la Cámara. Su tarea es examinar el mérito de la propuesta en el plazo de 40 sesiones del Pleno, a partir de su formación, para aprobar un dictamen.
Solo en la comisión especial podrán presentarse enmiendas, con un mínimo de 171 firmas de diputados cada una, en el plazo de diez sesiones del Pleno.
Después de la publicación del dictamen de la comisión especial y del intervalo de dos sesiones, la propuesta se incluirá en el orden del día del Pleno de la Cámara de Diputados, donde se someterá a dos turnos de debate y votación.
Entre los dos turnos, hay un intervalo de cinco sesiones del Pleno. Para ser aprobada, la propuesta necesita, en ambos turnos, tres quintas partes de los votos de los diputados, es decir, 308 votos favorables, en votación nominal. A continuación, el texto va al Senado donde será sometido a un nuevo trámite.
Marcelo Ramos quiere aprobar la reforma en la comisión y entregar el texto para el análisis del Pleno hasta julio.
Economía
El gobierno federal espera que la reforma de la Seguridad Social genere un ahorro de hasta US$ 314 mil millones en 10 años. Según detalles divulgados por el Poder Ejecutivo, el impacto de los cambios en la jubilación rural será de US$ 23.500 millones, y en la jubilación urbana, de US$ 189 mil millones.
Los cambios en el Beneficio de Prestación Continuada (BCP) resultarían en un ahorro de US$ 8.800 millones. La restricción del abono salarial para quienes ganan hasta un salario mínimo disminuiría los gastos del gobierno en US$ 43 mil millones de 2020 a 2029.
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