En un comunicado a la nación el miércoles (1), Día del Trabajo, el presidente de la República, Jair Bolsonaro, destacó la medida provisional (MP) que trata de la Declaración de Derechos de Libertad Económica, firmada por él el día anterior.
La medida tendrá vigencia por hasta seis meses, pero tendrá que ser aprobada por el Congreso Nacional para ser convertida en ley. De aprobarse, actividades económicas que no plantean riesgos para la salud, el medioambiente o la seguridad ya no requerirán licencias o permisos para operar.
“Ese es el compromiso de mi gobierno con la plena libertad económica, la única manera de proporcionar, por mérito propio, y sin interferencias del Estado, el engrandecimiento de cada ciudadano”, subrayó el mandatario.
Corresponderá a los municipios definir cuáles son las actividades de bajo riesgo. En ausencia de una definición, será válida la lista que será elaborada y divulgada por la presidencia o por el Comité de Gestión de la Red Nacional para la Simplificación del Registro y Legalización de Empresas y Negocios (Redesim).
Según la medida, las actividades económicas de bajo riesgo pueden desarrollarse en cualquier momento y en cualquier día de la semana, siempre y cuando no causen daño al medioambiente, respeten las normas vecinales, no generen contaminación acústica, no perturben la tranquilidad de las personas y cumplan con la legislación laboral. De acuerdo con Paulo Uebel, secretario especial de Desburocratización, Gestión y Gobierno Digital del Ministerio de Economía, la regulación debe ocurrir en un plazo de 60 días.
“Si no hay riesgo para la sociedad, el Estado no necesita intervenir, este es la idea detrás de la MP. Voy a poner un ejemplo: las actividades de corte y costura, zapatero y tienda de ropa no representan un riesgo para la sociedad. Vamos a dejar de exigir que esas actividades tengan permiso, autorización o licencia para operar, de modo que el Estado pueda concentrar su energía en actividades de mediano y alto riesgo, que realmente representan un riesgo para la sociedad”, explicó Paulo Uebel.
La norma también reafirma la libertad de precios en el mercado, siempre y cuando no se trate de una actividad regulada o con la participación del Estado. Otra medida definida por la MP es la liberación tácita de actividades si la administración pública no responde al empresario en los plazos establecidos.
"El gobierno tiene autonomía para fijar el plazo, pero una vez fijado el plazo, está obligado a cumplirlo, de lo contrario, hay una aprobación tácita. Por supuesto, eso no se aplicará a las actividades de alto riesgo que puedan causar daños a la sociedad”, explicó Uebel.
De acuerdo con el texto, las pequeñas empresas y las nuevas empresas no necesitarán licencia comercial para probar nuevos productos y servicios, siempre y cuando los artículos no afecten la salud o la seguridad y no usen materiales restringidos.
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