La reforma de la Seguridad Social está basada en el combate a la desigualdad y en la reducción de privilegios, dijo el miércoles (8) el ministro de Economía, Paulo Guedes. Acompañado de secretarios, él participo en la primera audiencia pública de la comisión especial de la Cámara de Diputados que discute la propuesta.
Según Guedes, el sistema actual, además de estar condenado al fracaso a causa del envejecimiento de la población, transfiere ingresos de los más pobres a los más ricos. Él dijo que corresponde al Congreso hacer más republicano el sistema de jubilaciones y pensiones.
“El Congreso debe encaminarse hacia un sistema más igualitario. Un sistema en el que todos se jubilan con las mismas posibilidades. Nadie gana menos que un salario mínimo y nadie gana más que el techo. Sea un político, una ama de casa, una empleada doméstica, todos convergirán para una Seguridad Social republicana. Eso está en manos del Congreso votar”, declaró el ministro.
Abriendo la sesión de la comisión especial, Guedes explicó que Brasil gasta actualmente R$ 750 mil millones al año con la Seguridad Social, más que el triple del gasto anual con salud, educación y seguridad. En los estados y municipios, subrayó, varios gobiernos locales gastan más del 70% del ingreso corriente neto con personal, un gasto inflado por la Seguridad Social de los servidores. Recordó también que la jubilación media de los servidores del Legislativo está en torno a los R$ 28 mil, unas 20 veces más que el beneficio promedio de R$ 1,4 mil para el jubilado de la iniciativa privada.
“Hemos gastado aproximadamente R$ 750 mil millones con Seguridad Social solo este año. Eso es siete veces más de lo que gastamos con educación, que es el futuro. Cuatro veces más de lo que gastamos con salud. Tres veces más que con salud, educación y seguridad pública sumados. Más del 50% de los gastos públicos federales son con la Seguridad Social”, destacó el ministro.
Guedes recordó que el déficit del Instituto Nacional del Seguro Social (INSS), que engloba a los trabajadores de la iniciativa privada y de las estatales, es de unos R$ 190 mil millones. En los estados y municipios, la Seguridad Social de los servidores locales tiene déficit de R$ 100 mil millones. Según el ministro, el déficit es de unos R$ 50 mil millones para la Seguridad Social de los servidores locales y de unos R$ 20 mil millones para los militares.
El ministro reafirmó que los impuestos sobre la nómina contribuyen aún más al desequilibrio, porque hacen más difícil la creación de empleos formales. Así, se creó una masa de 50 millones de brasileños que viven en la informalidad y no contribuyen con el INSS. Guedes también subrayó que el sistema actual mezcla la seguridad social y la asistencia social.
Supervivencia
Paulo Guedes habló durante unos 20 minutos, antes de pasar la palabra al secretario especial de Seguridad Social y Trabajo, Rogério Marinho, quien hizo una presentación de 40 minutos. Marinho comenzó citando frases de los cuatro últimos ex presidentes de la República –Fernando Henrique Cardoso, Luiz Inácio Lula da Silva, Dilma Rousseff y Michel Temer– y del presidente Jair Bolsonaro, que resaltan la necesidad de reformar la Seguridad Social. “Esa es una pauta de la sociedad”, justificó.
Marinho citó la investigación de la Confederación Nacional de la Industria (CNI), que constató el apoyo del 59% de los brasileños a cambios en la Seguridad Social. Él presentó una tabla con la expectativa de supervivencia de quien llega a los 65 años, para mostrar que no hay grandes diferencias regionales que justifiquen la imposición de edades mínimas diferentes por regiones.
Citando los datos del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), Marinho mostró que los ancianos viven, en promedio, hasta los 82 años en el Norte, 83,1 años en el Centro-Oeste, 82,7 años en el Nordeste, 84,3 años en el Sudeste y 84,2 años en el Sur. “La diferencia entre las regiones llega a un máximo de dos años, lo que es irrelevante en términos estadísticos”, justificó.
Según Marinho, la propuesta de reforma tiene cinco pilares: combate a privilegios, equidad (todos contribuyen, respetando las particularidades de cada profesión), combate a los fraudes (medida provisional de revisión de beneficios), cobro de deudas (proyecto de ley que se endurece el cobro de grandes deudores) y el impacto fiscal.
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