La Segunda Sala del Supremo Tribunal Federal (STF) decidió el martes (25), por 3 votos a 2, negar la solicitud de libertad al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva.
La defensa de Lula había presentado un hábeas corpus para que se declarara la falta de parcialidad del entonces juez Sergio Moro en el juicio del caso del tríplex en Guarujá. Sus argumentos se basaban en los presuntos mensajes divulgados por el sitio web The Intercept, que involucran a Moro y a fiscales de la Operación Autolavado, incluido el fiscal Deltan Dallagnol, coordinador de la fuerza de tarea de Autolavado en Paraná.
Los magistrados habían rechazado previamente por cuatro votos otro recurso que pedía su liberación.
Lula está detenido desde el 7 de abril de 2018 en la Policía Federal en Curitiba, tras su condena confirmada por un Tribunal Regional Federal, que le impuso una pena de 12 años y un mes por los delitos de corrupción pasiva y lavado de dinero.
Votos
La petición de libertad liminar fue presentada por el abogado Cristiano Zanin, representante de Lula. Zanin argumentó que los procesos que involucran a reos detenidos y mayores de 70 años tienen prioridad en la agenda de juicios.
Según el juez Gilmar Mendes, la defensa presentó argumentos consistentes y Lula debería quedar en libertad hasta el juicio final del caso. Ricardo Lewandowski también votó a favor de la liberación de Lula.
A continuación, el relator del caso, el juez Edson Fachin, votó contra la concesión de la libertad y dijo que el material divulgado por The Intercept no fue presentado a las autoridades. Los jueces Celso de Mello y Cármen Lúcia se pusieron de acuerdo con el relator y también mantuvieron la prisión.
Defensa
La defensa había pedido, en noviembre de 2018, que se reconociera la falta de parcialidad del entonces juez para demandar y juzgar a Lula, así como la consecuente nulidad de todos los actos practicados por Moro en el caso y la liberación del exmandatario.
El argumento central era el hecho de que Moro aceptó ocupar el puesto de ministro de Justicia y Seguridad Pública del gobierno Jair Bolsonaro. La semana pasada, los abogados pidieron que la Corte tuviera en cuenta los “hechos públicos y notorios” de los presuntos mensajes divulgados.
Desde la publicación de los diálogos, el ministro Sergio Moro no reconoce su autenticidad y dice que pueden haber sido “editados y manipulados” por medio de ataques de hackers.
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