El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Sergio Moro, ha dicho hoy (19) que aceptó la invitación para ocupar un puesto en el gobierno federal en noviembre de 2018 con el propósito de consolidar el trabajo que estaba realizando la fuerza de tarea Autolavado, que apura casos de corrupción.
“Trabajamos durante cinco años en estas operaciones anticorrupción”, dijo el ministro al participar en la audiencia de la Comisión de Constitución, Justicia y Ciudadanía (CCJ) del Senado, refiriéndose al trabajo de magistrados y de fiscales de la República. “[Durante este tiempo] fui atacado cotidianamente por aquellos que no querían cambios en el estándar de combate a la impunidad de la gran corrupción. Siempre ha quedado una sombra de [eventual] retroceso. De que, con un cambio, una inversión de mando, se perdería todo lo que hubiera sido hecho. Vi en la invitación a ser ministro de Justicia y Seguridad Pública una oportunidad para consolidar estos avances anticorrupción y avanzar en el combate al crimen organizado y la criminalidad violenta. Fue por eso que acepté ser ministro y eso es lo que estoy haciendo”, afirmó Moro, quien aseguró jamás haber actuado “en colusión” con los fiscales.
“Mis decisiones eran sometidas a instancias de apelación. Creo que nunca un juez tuvo tantas apelaciones propuestas contra sus decisiones, porque los casos eran difíciles. Eran apelaciones de personas poderosas presentadas ante el Tribunal, el Superior Tribunal de Justicia y el Supremo Tribunal Federal. Y quien fue condenado, lo fue con base en pruebas de que cometió corrupción, gran corrupción. Lo que hubo fue una captura de Petrobras para atender a intereses especiales de agentes públicos y privados inescrupulosos”, agregó el ministro, reafirmando jamás haber actuado basándose en convicciones ideológicas.
Para respaldar su afirmación, Moro recordó que ya se dictaron sentencias en 45 de las 90 denuncias presentadas por el Ministerio Público Federal (MPF), que apeló en 44 de ellas. “Aquí hay un indicativo claro de que no hay colusión, sino divergencias”, agregó, subrayando que 291 personas fueron acusadas y 211 condenadas, contra 63 absoluciones. “Otro indicativo de que no hay ninguna especie de convergencia absoluta entre el MPF y el juez o entre la policía y el MPF.” Además, de los 298 requerimientos de prisiones cautelares, 91 fueron negados.
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