El esfuerzo conjunto de organismos federales de seguridad pública y de estados fronterizos que se unieron al Programa Vigía causó, en un solo año, pérdidas por US$ 148,5 millones para los criminales que operan en las fronteras brasileñas. Además, evitó pérdidas por US$ 50 millones a las arcas públicas, frenando la evasión fiscal, el blanqueo de dinero y el contrabando.
Así lo estima la Secretaría de Operaciones Integradas (Seopi), del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, que tuvo en cuenta el aumento de las incautaciones de drogas, cigarrillos, armas y contrabando desde que el gobierno federal creó el Programa Nacional de Seguridad en las Fronteras, también llamado Vigía, que cumple un año el miércoles (15). Desde que se creó el programa, se han incautado 50 millones de paquetes de cigarrillos; casi 130 toneladas de drogas; 138 barcos y 1.350 vehículos.
Según Eduardo Bettini, coordinador General de Fronteras de Seopi, el programa ha logrado "resultados significativos" en la lucha contra el crimen organizado y en la prevención y represión de los delitos transfronterizos, como el tráfico de armas y drogas y el contrabando, entre otros. Además, garantiza inversiones para la capacitación de agentes de la policía federal, civil y militar que trabajan en las fronteras y para la adquisición de equipos de última generación.
Adhesiones
Según el coordinador, el programa Vigía ya integra seis de los 11 estados fronterizos brasileños: Acre, Amazonas, Mato Grosso, Mato Grosso del Sur, Paraná y Rondônia. Se tiene previsto que el gobierno de Roraima firme este martes (14) el término de cooperación, adhiriéndose al programa. Seopi espera que hasta finales de este año Amapá, Pará, Río Grande del Sur y Santa Catarina se unan a la iniciativa.
"Con esto, los estados ganan mayor resistencia, comparten estructuras y más inversiones en sus instituciones [de seguridad pública], ya sea con equipos o para costear las operaciones", dijo Bettini, explicando que el gobierno federal ya ha invertido unos US$ 7,7 millones en Vigía. De ese total, al menos US$ 2,5 millones derivan del monto recaudado por el gobierno a través de la subasta de bienes incautados al narcotráfico. El resto proviene del Fondo Nacional de Seguridad Pública.
En razón de la pandemia de coronavirus (CODVID-19), Seopi ha adquirido equipos de protección personal (PPE) de emergencia que se distribuirán en los próximos días a los cerca de 1.700 agentes de seguridad que participan en el programa, incluido el personal militar de las Fuerzas Armadas.
Además de los estados fronterizos, Seopi también quiere abarcar otras unidades de la Federación. Actualmente, ya forman parte de la iniciativa Tocantins y Goiás, elegidos por su ubicación geográfica. "Los dos estados son muy centrales. Gran parte del contrabando, las drogas o las municiones que provienen de otros países pasan por estos corredores", dijo el coordinador.
A cambio de las inversiones federales, los estados que se adhieren al Programa Vigía tienen que pagar los salarios de sus propios policías y los gastos con la estructura necesaria para las acciones llevadas a cabo en sus territorios.
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