La Procuraduría General de la República (PGR) abrió una investigación preliminar sobre el atentado ocurrido la noche del sábado (13) cuando se lanzaron ráfagas de fuegos artificiales contra la sede del Tribunal Supremo Federal (STF), según un vídeo que circuló en las redes sociales y la prensa.
La PGR respondió a la petición del presidente del Tribunal Supremo, el ministro juez Dias Toffoli, quien, en una carta enviada el domingo (14), solicitó "el enjuiciamiento de quien directa o indirectamente causó, incluso mediante financiación, los atentados y amenazas dirigidos contra el Tribunal Supremo y el Estado Democrático de Derecho, anoche (13), utilizando artefactos explosivos (fuegos artificiales)".
El fiscal general Augusto Aras ordenó comunicar el hecho delictivo, procedimiento que precede a una investigación formal. Ha dado instrucciones a la Fiscalía del Distrito Federal (PRDF) para que informe al vicefiscal general Humberto Jacques, de cualquier procedimiento o medida que se adopte en relación con el episodio.
Actualmente, Jacques supervisa la investigación abierta en abril en la Corte Suprema para investigar las manifestaciones que piden el cierre de instituciones democráticas como el Congreso y el STF. El relator es el ministro juez Alexandre de Moraes, el mismo de la investigación sobre noticias falsas.
El lunes (15), siete personas fueron detenidas en el marco de esta investigación sobre actos antidemocráticos, entre ellas la activista Sara Winter, líder del grupo 300 do Brasil, que estaba acampada hace más de un mes en las afueras de la Explanada de los Ministerios y fue expulsada de la zona el sábado (13) por el Gobierno del Distrito Federal.
"Organización criminal"
En un documento firmado el domingo por la noche (14) por el abogado João Paulo Lordelo Tavares, asistente de Aras, la PGR también determina que toda la información relativa a la investigación abierta en mayo contra Renan da Silva Sena sea remitida por el PRDF.
Toffoli pidió a la PGR que responsabilizara a Sena de los ataques y amenazas al Tribunal Supremo Federal y al Estado Democrático de Derecho, incluso por publicaciones en redes sociales.
En la misma carta, el presidente de la Corte Suprema también pidió que se exigieran responsabilidades a "todos los demás participantes y financiadores, incluida toda organización delictiva, y que se adoptaran las medidas necesarias para investigar y enjuiciar a los implicados".
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