En 1990, en el Brasil, uno de cada cinco niños y adolescentes estaba fuera de la escuela, y uno de cada diez entre los 10 y los 18 años no sabía leer ni escribir. Por cada mil bebés nacidos vivos en el país ese año, casi 50 no completaron un año, y casi 8 millones de niños y adolescentes hasta los 15 años fueron sometidos al trabajo infantil.
Para los investigadores y defensores de los derechos humanos, el país dio un paso importante para cambiar ese panorama en aquel entonces, cuando se publicó el Estatuto del Niño y del Adolescente (ECA), que cumple 30 años este lunes (13).
Después de tres décadas, el porcentaje de niños y adolescentes que no asisten a la escuela se redujo del 20% al 4,2%, la mortalidad infantil alcanzó el 12,4 por mil y el trabajo infantil dejó de ser una realidad para 5,7 millones de niños y adolescentes.
El estatuto es el resultado de una época en la que la concepción de los derechos de los niños y adolescentes cambió en el país y en el mundo. De acuerdo con Mario Volpi, coordinador del Programa de Ciudadanía de los Adolescentes del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), Brasil participó activamente en los debates internacionales que culminaron en la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño de 1989, firmada por 196 países.
Incluso antes de que este acuerdo fuera ratificado en Brasil en 1990, los conceptos discutidos en la ONU contribuyeron a la inclusión del artículo 227 en la Constitución Federal de 1988. A partir de ello, se convirtió en "el deber de la familia, la sociedad y el Estado asegurar al niño, al adolescente y al joven, con prioridad absoluta, el derecho a la vida, a la salud, a la alimentación, a la educación, al ocio, a la profesionalización, a la cultura, a la dignidad, al respeto, a la libertad y a la convivencia familiar y comunitaria, además de ponerlos a salvo de toda forma de abandono, discriminación, explotación, violencia, crueldad y opresión".
Aprobado dos años después de la Constitución, el ECA parte del artículo 227 y consolida todo el debate que lo precedió, declarando a los niños y adolescentes como sujetos de derecho, a los que se les debe garantizar la protección integral y las oportunidades de desarrollo en condiciones de libertad y dignidad.
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