La Justicia brasileña homologó un acuerdo entre Vale y la Abogacía General de la Unión (AGU) que obliga la empresa minera a pagar US$ 47,00 millones en concepto de multas ambientales por el desastre ambiental ocurrido en 2019 en la ciudad de Brumadinho, en el estado de Minas Gerais.
El monto incluye las multas impuestas por el Instituto Brasileño del Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables (Ibama) y por el gobierno del estado de Minas Gerais. De la cantidad total, US$ 28,3 millones -ya depositados bajo custodia de la Justicia-, se destinarán específicamente a siete parques nacionales ubicados en Minas Gerais.
El juez Mário de Paula Franco, encargado de la homologación, calificó la decisión de "histórica", y dijo que "está basada en la lógica sistémica de la gestión del desarrollo socioambiental y socioeconómico, a través de acciones ambientales estructurales e incentivo al turismo".
Los otros US$ 18,8 millones deberán aplicarse en proyectos de saneamiento básico, tratamiento de desechos sólidos e implantación de zonas urbanas en Minas Gerais.
El magistrado subrayó en su fallo que el dinero no puede utilizarse, bajo ninguna circunstancia, para la adquisición de bienes de consumo no duraderos ni para pagar salarios, costos o impuestos.
Los trámites que dieron lugar al acuerdo contaron con la participación de la AGU, del Ministerio de Medio Ambiente, del Ibama y del Instituto Chico Mendes para la Conservación de la Biodiversidad (ICMBio).
Tragedia
La ruptura de una represa presa en la mina Córrego do Feijão provocó la fuga de cerca de 12 millones de metros cúbicos de relaves mineros. Al menos 270 personas murieron, y todavía hay 11 residentes desaparecidos.
Según un estudio del Ibama, por lo menos 270 hectáreas fueron devastadas, de las cuales unas 204 hectáreas están compuestas por vegetación nativa del Bosque Atlántico y zonas de protección permanente a lo largo de vías fluviales.
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