Cinco años después del colapso de la presa de relaves mineros de Fundão en Mariana, Minas Gerais, ninguna de las acciones reparadoras esperadas se concluyeron, según informaron fiscales del Grupo de Trabajo Río Doce del Ministerio Público Federal (MPF).
"El desastre que devastó no solo a Mariana, sino a toda la cuenca del río Doce, un área equivalente a Portugal, no ha terminado. Cinco años después, todo sigue por hacer", dijo Silmara Goulart, fiscal y coordinadora del referido grupo de trabajo.
"Ninguno, absolutamente ninguno de los grupos afectados, ya sean agricultores, lavanderas, artesanos, pescadores, pequeños comerciantes, ha sido totalmente compensado. El medioambiente tampoco se ha recuperado totalmente. Ni siquiera el municipio de Bento Rodrigues, símbolo de la catástrofe, fue reconstruido", agrega Goulard, quien acudió el jueves (29) a una conferencia de prensa para hablar de las medidas que se han tomado desde la catástrofe.
La ruptura de la presa ocurrió el 5 de noviembre de 2015. Más de 40 millones de metros cúbicos de residuos golpearon el río Gualaxo del Norte, en Mariana, desaguaron en el río Doce y continuaron hasta la desembocadura, en el mar de Regencia, en la zona costera de Espíritu Santo. El lodo causó la muerte de 19 personas, además de una serie de impactos ambientales, sociales y económicos, y afectó a 39 municipios de Minas Gerais y Espíritu Santo.
Para reparar los daños, el Gobierno Federal y los estados de Minas Gerais y Espíritu Santo firmaron un acuerdo en 2016 con las empresas Samarco, BHP y Vale, responsables de la represa. Además de crear la Fundación Renova, organización encargada de llevar a cabo las compensaciones, el documento establece 42 programas que se deben implantar en los 670 kilómetros de áreas afectadas a lo largo del río Doce y sus afluentes.
Más tarde, en 2018, se firmó otro copromiso para modificar el sistema de gestión de la Fundación Renova a fin de garantizar la participación efectiva de las personas afectadas en el proceso de plena indemnización por los daños sufridos.
Acceso al agua
Cinco años después del desastre, 29.039 habitantes siguen dependiendo del suministro de agua por medio de camiones cisterna, un problema que se ha agravado agravado durante la actual pandemia de coronavirus. En agosto de este año, 153 de las acciones planeadas para mejorar los sistemas de suministro de agua, de un total 374, se habían completado. El plazo establecido en el acuerdo, según el órgano, era el 2018.
"Esto es algo que afecta la vida cotidiana [de las personas afectadas], y vulnera su derecho más básico, que es el acceso al agua y a la salud. Cuando no estás seguro de que el agua con la que haces la comida de tus hijos es apta para consumo, no puedes estar tranquilo y entonces se deteriora tu salud mental", dice Carolina Morishita, defensora pública de Minas Gerais.
Asimismo, dice el MPF, solo 10.885 o el 34% de las familias registradas recibieron algún tipo de compensación hasta agosto de 2020. André Sperling, fiscal de Minas Gerais, comparó la situación con la de Brumadinho, donde en 2019, una represa en Vale también se rompió, dejando 259 muertos. Allí, según Sperling, más de 100.000 personas reciben alguna ayuda. "Esto nunca ha pasado en la cuenca del Río Doce. A los afectados nunca se les dio ninguna garantía en ese proceso de negociación. La realidad es que las personas afectadas están abandonadas a su suerte", dijo.
Esta semana, la gigante minera Vale anunció una ganancia neta de US$ 1.654 millones en el tercer trimestre de 2019, después de una pérdida de US$ 133 millones en el trimestre anterior. "Esto me hizo reflexionar que tal vez necesitamos, como sociedad brasileña y como comunidad mundial, reflexionar sobre cómo la gente puede ser feliz hoy en día a expensas del sufrimiento y la desesperación de los afectados. Este es un tercer desastre para mí", dice Goulart.
La semana pasada, la Fundación Renova realizó una conferencia de prensa virtual para analizar los cinco años de la tragedia de Mariana. Según André de Freitas, director-presidente de la Fundación, la pandemia ha retrasado los trabajos de reparación. En sus cuatro años de trabajo, Renova reportó haber pagado unos US$ 449,8 millones en concepto de indemnizaciones y ayudas financieras a quienes pudieron demostrar haber sufrido daños. Freitas señaló que hay una barrera para atender a los afectados que no consiguen comprobar daños, ya que el Código Civil Brasileño establece que no se puede hacer una compensación sin probar el daño. La fundación también aseveró que ha tomado medidas para mejorar el tratamiento de agua y residuos en la región.
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