La Articulación de Pueblos Indígenas de Brasil (APIB) y la Coordinacion de Organizaciones Indígenas de la Amazonia Brasileña (COIAB) denunciaron este miércoles (26) ataques de mineros contra líderes indígenas de aldea Munduruku, en el estado de Pará (norte), en la Amazonia brasileña.
De acuerdo con los indígenas, mineros que operan en la región efectuaron disparos e incendiaron casas como represalia por una incursión de la Policía Federal.
La incursión formó parte de la operación "Mundurukania", lanzada el martes (25) por la Policía Federal para combatir la minería ilegal en las tierras indígenas Munduruku y Sai Cinza. El miércoles (26), los agentes fueron sorprendidos por un grupo de mineros que protestaban contra la operación. De acuerdo con las autoridades, el grupo intentó invadir una base policial y destruir venhículos y equipos, pero los agentes lograron disolver el tumulto sin que se registraran heridos.
Además de la Policía Federal, participan en la operación la Policía Federal de Carreteras, el Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables (Ibama) y la Fuerza Nacional.
"Esta práctica [la minería ilegal], además de causar graves daños al medioambiente por el uso de productos químicos altamente nocivos y contribuir a la contaminación de ríos y aguas subterráneas, también genera una serie de problemas sociales en la región", dijo la PF en un comunicado.
La APIB sostiene que la presencia de de los agentes no inhibe a los mineros y que siguen registrándose actos de violencia y amenazas contra los líderes indígenas que se oponen a la actividad ilegal en sus tierras.
"Hombres armados empuñando galones de gasolina invadieron la aldea Munduruku, donde se encontraba María Leusa Munduruku, coordinadora de la Asociación de Mujeres Munduruku Wakoborũn, y prendieron fuego a su casa", denunció la organización.
Operación
La operación "Mundurukania" investiga delitos de asociación ilícita, explotación ilegal de materias primas y delitos contra el medioambiente.
En total, fueron desplegados 134 policías y agentes de inspección, además de aviones y vehículos 4x4.
Esta y otras operaciones forman parte de una serie de medidas dictadas en julio del año pasado por el juez de la Corte Suprema Luís Roberto Barroso para evitar el contagio y la propagación del virus en los pueblos indígenas. Tales medidas incluyen la expulsión de invasores de tierras indígenas, la instalación de barreras sanitarias, la ampliación de la asistencia médica y social y la distribución de alimentos.
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