El ministro brasileño de Medio Ambiente, Ricardo Salles, se mostró sorprendido por la operación que la Policía Federal (PF) lanzó el miércoles (19) para investigar la presunta participación de funcionarios del ministerio y del Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables (IBAMA) en supuestos delitos contra la administración pública.
Ante los periodistas, Salles calificó de "exagerada e innecesaria" la operación denominada Akuanduba, autorizada por el magistrado del Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes. "Todos los que se incluyeron en esta operación han estado siempre disponibles para aclarar cualquier duda", dijo el ministro. Además de Salles, la operación apuntaba al presidente del IBAMA, Eduardo Bim, y a otros 16 investigados.
En la decisión que autorizó la ejecución de 35 órdenes de registro e incautación, incluyendo las direcciones funcionales y personales de Salles, Moraes dijo que fue la la propia PF quien solicitó la actuación policial. En su petición, aclaró Moraes, la PF informó de que tenía pruebas que "señalan, en tesis, la existencia de un grave esquema de facilitación del contrabando de productos forestales", incluidos los documentos proporcionados por la Embajada de Estados Unidos en Brasil.
"Por lo que sé, se exportó un cargamento a Estados Unidos, que pidió documentos que no estaban allí. Al analizar el caso, la presidencia de Ibama entendió que la norma invocada [por las autoridades estadounidenses] ya en aquel momento debía haber sido modificada. Por lo tanto, al que parece, actuó de forma técnica", dijo Salles.
El episodio de la embajada estadounidense se menciona en la decisión que Moraes hizo pública la mañana del miércoles. De acuerdo con el texto, el 10 de enero de 2020, el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de los Estados Unidos (FWS) detuvo, en el estado estadouninse de Georgia, tres contenedores con madera exportada desde Brasil, por una empresa con sede en Ananindeua, en el estado brasileño de Pará.
Según la notificación enviada por la embajada a las autoridades brasileñas, el material no tenía la documentación necesaria para demostrar su origen legal. A partir de ahí, según los hechos relatados en la decisión de Moraes, el IBAMA envió "una serie de respuestas contradictorias", a veces afirmando que la madera exportada no había sido analizada por el sector competente, y otras veces afirmando que el cargamento había cumplido con todos los requisitos legales.
Salles dijo que no tenía acceso a toda la información de la investigación y subrayó que su ministerio y el Ibama siempre han actuado de acuerdo con la ley. "Esto se demostrará en los registros de la investigación", dijo Salles, confirmando que la PF incautó documentos en su gabinete ministerial.
El ministro dijo aún que habló con el presidente Jair Bolsonaro sobre las investigaciones. "Le he explicado que, en mi opinión, no hay sustancia en la actuación policial, y que, a mi entender, ese asunto podría aclararse muy rápidamente", dijo.
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