El Ministerio de Justicia y Seguridad Pública de Brasil autorizó el uso de agentes de la Fuerza Nacional de Seguridad Pública del país para reforzar el esquema de protección en la Tierra Indígena Yanomami, el mayor territorio indígena de Brasil.
Las tropas se alojarán en la capital del estado de Roraima, Boa Vista, durante 90 días, que se prorrogarán si es necesario. Los agentes prestarán apoyo a los funcionarios de la Fundación Nacional del Indio (FUNAI), con el fin de preservar el orden público y la seguridad de las personas, así como de la propiedad.
La autorización, firmada por el ministro de Justicia Anderson Torres, se hizo oficial este lunes (14 de junio). Por razones de seguridad, no se ha revelado el número de agentes que participarán en la operación.
Con aproximadamente 9,66 millones de hectáreas, la reserva yanomami comprende una parte de los territorios de los estados de Roraima y Amazonas, en el norte de Brasil. La vasta región, cubierta de vegetación preservada, es dos veces más grande que el estado de Río de Janeiro, y ha atraído a mineros y madereros codiciosos, desatando conflictos entre indígenas y no indígenas.
Según la Asociación Yanomami Hutukara -organización formada por representantes de todos los pueblos indígenas que viven en la reserva creada en 1992, unos 20 mil mineros trabajan ilegalmente en la zona demarcada, lo que aumenta la deforestación, contamina las corrientes de agua con mercurio y yodo y erosiona las riberas de los ríos.
Historia
En mayo, la asociación denunció una serie de ataques a las comunidades de la zona.
También en mayo, el juez de la Corte Suprema Luís Roberto Barroso dictaminó que el gobierno federal debía garantizar por todos los medios la protección y la atención sanitaria de los indígenas en las tierras demarcadas de los pueblos yanomami y munduruku.
La sentencia de Barroso acogió una petición de la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (APIB), que pedía la retirada de los invasores de las tierras indígenas, especialmente en las zonas demarcadas como yanomami, "ante un inminente genocidio y la creciente diseminación de la malaria y el COVID-19 en la región debido a los mineros ilegales".
Desde 2020, una acción civil de interés público presentada por el Ministerio Público Federal (MPF) pide retirar de la región a cualquier persona no indígena no autorizada.
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