Dos de las principales asociaciones de jueces brasileños se han movilizado esta semana en Brasilia para solicitar la concesión de visados humanitarios a 270 juezas procedentes de Afganistán, recién retomado por los talibanes.
Según una carta enviada al Ministerio de Relaciones Exteriores el pasado martes (24) por el presidente de la Asociación Nacional de Jueces Federales de Brasil (Ajufe), Eduardo Fernandes, las juezas afganas “están en riesgo por ejercer su función y, además, por haber juzgado y condenado a miembros del régimen que retomó el control del país”.
Paralelamente, la presidenta de la Asociación de Magistrados Brasileños (AMB), Renata Gil, se reunió ayer (25) con el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara, el diputado Aécio Neves, para pedirle que interceda en la concesión de los visados.
“Estamos perplejos y preocupados por la situación de las mujeres afganas. Las amenazas a los derechos fundamentales conquistados tras años de lucha imponen la necesidad de una acción inmediata”, dijo Gil en la reunión, según una nota difundida por la propia asociación.
La medida de las asociaciones brasileñas responde a un llamamiento de la Unión Internacional de Magistrados (UIM), que la semana pasada emitió un comunicado en el que pedía la protección de las juezas afganas.
Los talibanes son conocidos como un grupo fundamentalista que, en su primer mandato como gobernantes de Afganistán, en la década de 1990, relegó a un espacio restringido en la sociedad a las mujeres, las cuales fueron excluidas de los cargos públicos y solo podían aparecer en público en presencia de sus maridos.
Tras el regreso del régimen talibán al poder, el temor de la comunidad internacional es que se produzca una nueva persecución de las mujeres que han ocupado puestos de poder en los últimos años, como es el caso de las juezas afganas.
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