Tras un día completo de debates, los senadores aprobaron el martes (26), por 7 votos a 4, el informe final de la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) de la Pandemia, elaborado por el senador Renan Calheiros.
Durante unos seis meses, la comisión investigó los presuntos fallos del gobierno federal y de los gobiernos de los estados en la gestión de la lucha contra la pandemia de covid-19.
Uno de los principales puntos del documento de 1.299 páginas sugiere la imputación del presidente Jair Bolsonaro por nueve delitos que van desde los comunes, previstos en el Código Penal, hasta los de responsabilidad, según la Ley de Impeachment. También hay crímenes contra la humanidad, según el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, que tiene su sede en La Haya.
Además de Bolsonaro, otras 77 personas, entre ellas tres hijos del presidente, ministros, ex ministros, diputados federales, médicos y empresarios, están en la lista. También hay dos empresas: Precisa Medicamentos y VTCLog. Así, suman 80 las solicitudes de acusación en el informe.
Bajo protestas de senadores de la base oficialista, el dictamen aprobado del ponente Renan Calheiros también detalla el retraso en la adquisición de vacunas contra el coronavirus y la demora en la respuesta del gobierno brasileño a Pfizer y al Instituto Butantan, que en 2020 ofreció dosis de inmunizantes al Programa Nacional de Inmunización.
Próximas etapas
Como se trata de un tribunal político, una Comisión Parlamentaria de Investigación no puede sancionar, por sí misma, a ningún ciudadano. En la práctica, al final de su trabajo, puede recomendar imputaciones, pero la profundización de las investigaciones y el eventual ofrecimiento de denuncias dependen de otras instituciones. Aunque la votación del informe marca el fin de los trabajos de la comisión, la dirección de la CPI asegura que tiene la intención de seguir de cerca el desarrollo de lo encontrado por el colegiado.
El vicepresidente de la Comisión, el senador Randolfe Rodrigues, dijo que el análisis de los crímenes imputados al presidente Bolsonaro corresponde al fiscal general de la República, Augusto Aras. En este sentido, reafirmó que espera que Aras "cumpla su papel" y tome providencias sobre las conclusiones del informe final. Rodrigues también destacó que, si se omite el fiscal general o el Ministerio Público respecto a otros acusados, la legislación brasileña señala otros caminos. Uno de ellos sería llevar el documento directamente al Supremo Tribunal Federal (STF).
En el caso de los diputados federales, corresponde al presidente de la Cámara de Diputados abrir un proceso por delito de responsabilidad. En cuanto a los acusados de crímenes contra la humanidad, los avances dependen de la Corte Penal Internacional.
Rodrigues confirmó que, a partir de este miércoles (27), comenzará un “calendario de entregas” del informe. El presidente del Senado, Rodrigo Pacheco y el fiscal general Augusto Aras serán los primeros en recibir el texto.
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